Consulta sin INE
Sin probar aguacate se quedaron todo el fin de semana en Palacio Nacional, para que no les hicieran daño los corajes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aún no ha podido imponer sus propuestas del Quinto Transitorio y con ello consolidar el espinoso tema de la militarización de la seguridad pública en todo el país.
El pasado 23 de septiembre decidió otra especie aún peor, que organizará una consulta popular para impulsar “por la voluntad popular” que el Instituto Armado siga en sus tareas de seguridad pública hasta 2028. Lo que insistió ayer lunes, que llevará a cabo él y no la autoridad electoral.
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Como siempre ocurre en la 4T, hay una pega. Desde el 21 de diciembre de 2019 entró en vigor la reforma constitucional a los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116 y 122 de la Constitución, para abrir paso a “la organización” de la revocación de mandato.
Y en tal reforma se menciona que “el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo, en forma directa, verificar los requisitos para solicitar dicha consulta, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados”.
En el claro entendido que no es lo mismo la Cámara de Diputados que el Senado, Morena y el PRI van hacia una consulta para publicar un decretazo que genere una medida con consecuencias impredecibles.
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Para el apunte está lo dicho por el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, quien lanzó el balde de agua fría:
“Conforme al artículo 35, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución, está prohibido realizar consultas sobre la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.
El artículo 35 de la reforma de 2019 señala que: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.
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Los expertos apuestan por el decretazo, considerando una frase del tabasqueño, que para que no cueste dinero, no meterá en la organización de la consulta al Instituto Nacional Electoral.
Tiempos inéditos en la Nación, sometida a un huracán de autoritarismo y desdén por el propio proceso democrático que llevó al poder a quien pretende ejercerlo sin cumplir y hacer cumplir la Ley que protestó.
De las anécdotas que se cuentan
Desde su Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que “Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al Covid”. Según él, la pandemia generó una caída de 8.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020.
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Aun cuando eso fuera cierto, hay otros datos y no precisamente de un ente conservador, de esos que todos los días se afanan para llevarle la contra al mandatario por alguna infamia, los datos son del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Inegi, ha mencionado que, en 2021 la economía del país creció 5 por ciento con relación a 2020, con cifras desestacionalizadas. Y, en agosto de este año, dicho organismo señaló que el crecimiento correspondiente al primer semestre se registró en 1.9 por ciento.
Mejor aún, el Banco de México mencionó el 31 de agosto que, para todo 2022, estima un crecimiento del PIB de 2.2 por ciento.
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Si acierta el Banco Central, la recuperación económica a finales de diciembre de 2022 será 1.2 por ciento por debajo del nivel pre pandemia.
El Banco de México recortó su expectativa para 2023 de 2.4 por ciento a 1.6 por ciento, lo que significa un crecimiento de 0.4 por ciento respecto a 2019, año previo a la pandemia.
Las cifras ahí están, pero como lo dijo López Obrador:
“En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales.
“Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza”.
En otras palabras, las cifras no importan.
El problema es que la gente no come palabras, ni se viste con ellas.
A menos que se crea que el bienestar nacional crece a punta de verbos entusiastas.
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*ARD