Según una publicación del periódico Reforma este miércoles, Samuel García Sepúlveda, actual Gobernador de Nuevo León, habría adquirido un terreno de 17.6 hectáreas valuado en aproximadamente 700 millones de pesos, en una prestigiosa área de San Pedro, apenas 18 meses después de asumir el cargo. No obstante, el mandatario estatal negó haber realizado dicha compra y explicó que se trata de un acuerdo entre la empresa Gentor y la firma de su padre, Samuel García Mascorro, relacionado con labores de fiscalización para el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Según el reportero Ángel Charles, García pretende construir una residencia de cerca de 2,800 metros cuadrados en el terreno, que está registrado a nombre de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, una empresa perteneciente al político y su padre. El pasado 4 de marzo, el padre de Samuel García presentó una solicitud de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León en nombre de la empresa, para iniciar la construcción de la mansión. La solicitud fue aprobada y detalla un proyecto que incluye una casa de 2,775 metros cuadrados y una vialidad de 10,317 metros cuadrados, con un total de superficie impactada de 13,091.78 metros cuadrados.
El documento también advierte sobre la presencia de riesgo geológico medioalto en la zona, debido a la vegetación predominante de matorral submontano, lo que obligaría al Gobernador a pagar una compensación por el impacto ambiental. Según el reportero, se ha solicitado el permiso de construcción al municipio de San Pedro, pero aún no se ha otorgado.
En respuesta a estas acusaciones, el Gobernador García negó haber adquirido el terreno y declaró que, de comprobarse lo contrario, renunciaría a su cargo inmediatamente. Afirmó que se trata de un acuerdo entre el Grupo Gentor y su padre por labores de fiscalización.
“Primero aclarar: yo no compré ningún terreno, si lo prueban, mañana renuncio. A mí lo que me molesta es que por tercera vez en el año electoral dan este golpe en todas las portadas de todo el Grupo [Reforma] y no me dan un sólo minuto de derecho de audiencia”, dijo.
Por lo que, detalló que Grupo Gentor es el principal cliente de la firma de su padre desde 2005, y contrata el trabajo para la fiscalización de las filiales de la empresa con el SAT, que en total de cobros ha sido por más de 20 mil millones de pesos y el pago de honorarios ronda en 300 millones, llegando a un acuerdo por un terreno equivalente similar.
“El caso es que [mi] papá quiere cobrar desde 2020, que ganó el asunto, y el cliente no tiene flujo, y [mi] papá no quiere demandarlo, y luego embargarle y quitarle terrenos. Mejor llegó a un convenio, y el cliente le está dando en pago un terreno evaluado en 300 millones, que es el de la portada”, ahondó.
“No compramos nada, yo no compré nada, es un acuerdo entre partes. Claro que molesta que se metan en la vida privada, y a mí me da pena hablar de un cliente muy bueno, pero lo hago por Nuevo León, para aclarar. No hay corrupción, no hay nada de ilegal. Este grupo es y fue tan grande que le ha hecho trabajos a Gobierno. […] Cuando yo entré, todos los contratos que tenía Gentor con [Jaime Rodríguez] ‘Bronco’, con [Rodrigo] Medina, y con anteriores gobiernos, los hemos ido cancelando porque no quiero broncas. Entré limpio y voy a salir limpio, y por eso les doy la cara”, finalizó.
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El 14 de mayo, representantes del PRI, PAN y PRD en Nuevo León hicieron una denuncia respecto al crecimiento de las empresas de García y su familia, que supuestamente aumentaron en un 800 por ciento durante los dos años y medio que lleva como Gobernador, y que el 60 por ciento de estos ingresos provienen de proveedores relacionados con el Gobierno estatal.
En marzo, el periódico Reforma también informó que un despacho de abogados vinculado a Samuel García Sepúlveda recibió más de 200 millones de pesos de uno de los proveedores más beneficiados por el Gobierno estatal, mediante una triangulación.
El Gobernador rechazó estas acusaciones y afirmó que la información proviene de una filtración de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León, a la que acusó de estar controlada por "la vieja política", y de investigar las empresas de su familia con el fin de "presionar, extorsionar y difamar" durante el proceso electoral.
Según Reforma, el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, fundado por el Gobernador y su padre en mayo de 2014, recibió 202 millones 900 mil pesos por honorarios por servicios profesionales de la empresa Proveedor de Productos Mexicanos Jace, sin especificar los servicios prestados.
A su vez, Jace facturó a su empresa hermana Suministro MYR 237 millones 200 mil pesos, provenientes de contratos con el Gobierno de Nuevo León por un total de 964 millones 700 mil pesos entre octubre de 2021 y noviembre de 2023, por servicios de alimentación en penales, campos policiales, comedores de otras dependencias y eventos.
Los pagos al despacho del Gobernador y su padre comenzaron el 15 de octubre de 2021, 11 días después del inicio de la administración del político.
En sus declaraciones patrimoniales de 2021, 2022 y 2023, el Gobernador declaró tener una participación del 50 por ciento en ese despacho y que parte de sus ingresos provienen de esta empresa. Según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, MYR y Jace son compañías "hermanas" en las que miembros de una misma familia participan como socios y apoderados.
Con información de Sin embargo
*ARD