Conoce las reformas avaladas en el Senado sobre la Ley de Amparo
Recientemente el Senado avaló reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, y la discusión se ha centrado en cómo esta decisión puede afectar directamente a la ciudadanía, pues la clave en estos cambios radica en que se impedirá a jueces suspender de manera provisional normas y obras públicas.
Los cambios a la ley de amparo fueron los siguientes:
Al artículo 129 se le eliminó el último párrafo de la fracción XIII.
“El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”.
Con la eliminación de este párrafo, para los jueces será más complejo otorgar una suspensión provisional a una obra que afecte a los ciudadanos.
Mientras que al artículo 148 se le agregó lo siguiente:
“Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensiones que dicten fijarán efectos generales”.
¿Qué implican los cambios a la Ley de Amparo?
De acuerdo con especialistas en Derecho consultados por Animal Político, las reformas a la Ley de Amparo, específicamente el artículo 129, ponen en peligro los derechos humanos de la ciudadanía, pues es una decisión de corte político pensada en debilitar la figura de suspensión contenida en dicha legislación y que podría provocar daños irreparables.
“Lo que estamos viendo, en el caso de esta iniciativa, forma parte de un conjunto de mecanismos para debilitar la institución de la suspensión, esto porque a una narrativa en donde el amparo de pronto estorba al poder político”, explicó Ricardo Ortega, académico del departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
Para el especialista, la figura de la suspensión es un mecanismo que protege a las personas frente a leyes y actos de autoridad que pueden afectar de manera inmediata sus derechos.
¿Por qué es importante la suspensión en el juicio de amparo?
Para entender mejor el impacto de estos cambios, es necesario recordar que el juicio de amparo fue creado para la protección de los derechos de las personas cuando se adoptan actos de autoridad o leyes que afectan los derechos humanos.
La suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar que se debe adoptar con urgencia en aquellos casos en que está en riesgo irremediable la afectación a esos derechos.
Uno de los ejemplos más claros es la construcción del Tren Maya. Desde que comenzó la propuesta, ambientalistas y activistas denunciaron que la obra podría traer consecuencias catastróficas para el medio ambiente y las comunidades de la Península de Yucatán.
Pese a eso, el gobierno decidió seguir con la obra, por lo que el colectivo Sélvame del Tren interpuso una serie de amparos para detenerla.
Aunque no se detuvo toda la obra, los jueces han otorgado la suspensión en diversos tramos, por ejemplo, el Tramo 5 sur, debido a que se acreditó el daño ambiental.
Es ahí donde la figura de la suspensión otorgada como medida cautelar en un juicio de amparo ayudó a los activistas a frenar una construcción violatoria a derechos humanos y ambientales.
La suspensión ayuda a paralizar las cosas durante el tiempo en que se resuelve el tema de fondo y con ello se cuida que el daño que pueda hacer la obra no sea irreparable.
Ciudadanos quedan indefensos ante actos arbitrarios del gobierno
Para los expertos, las reformas a la Ley de Amparo, específicamente lo que determina el artículo 129, son inconstitucionales y lo más probable es que se revierta, pues atenta directamente contra el derecho de los ciudadanos a defenderse de las decisiones del gobierno.
“La reforma planteada en algún momento será declarada inconstitucional, o esperamos que así sea, porque debilita los derechos, de alguna manera pone por encima de los derechos de las personas la idea de que la mayoría popular debe tener una presunción de constitucionalidad”, explica el académico de la Universidad Iberoamericana.
De acuerdo con Ortega, una de las ideas que se está manejando es decir que los jueces afectan la división de poderes cuando otorgan la suspensión, situación que es totalmente falsa pues el legislativo tiene la facultad de aprobar leyes, pero que no afecten los derechos humanos.
“El congreso debe adoptar leyes sin afectar derechos; y si afecta derechos, entonces las personas tienen que tener mecanismos para poner límites”; dijo.
El experto recordó que el papel del Poder Judicial es poner límites en caso de que el legislador cometa actos en contra de la Constitución, por lo que es falso decir que hay una invasión de poderes.
“Este tipo de iniciativas generan un daño a las personas porque de alguna manera le ponen a los juzgadores una suerte de camisa de fuerza que les haría más difícil detener este tipo de decisiones políticas por parte del gobierno”.
Para el académico, esta reforma es parte de todo un mecanismo que se ha orientado para debilitar el control por parte de los jueces.
“El amparo es una institución que históricamente ha permitido detener arbitrariedades y me parece que le estorba al poder político. Lo que estamos haciendo es quitarle a las personas herramientas para defenderse de arbitrariedades”, sostuvo.
Será más difícil frenar decisiones del gobierno
Para el abogado Rogelio Rodríguez, catedrático de la UNAM, las reformas a la Ley de Amparo tienen un componente mucho más político que legal, pues está diseñada para garantizar las obras del siguiente sexenio.
“Con el 129 están blindando a lo que queda de gobierno, y al siguiente para que los jueces no dicten medidas de suspensión de las obras”.
Para el experto, quitarle la posibilidad a los jueces de frenar las obras y los actos de gobierno cuando atropellen derechos es un exceso, aunque no los ata de manos totalmente pues queda la vía constitucional.
Esto quiere decir que si una persona busca el amparo ante un atropello del gobierno, el juez podría otorgar la suspensión basándose en la Constitución.
“Esperaríamos que los jueces sigan otorgando la suspensión bajo el amparo del artículo 107 constitucional, el cual permite esta figura y la Constitución está por encima de la Ley”, explicó el abogado.
Pese a que existe esa posibilidad, el experto cree que muchos jueces acatarán la ley y esperarán la acción de inconstitucionalidad debido a que se sienten perseguidos.
“Es una merma al ciudadano y tendrán que esperarse a que termine esta discusión de índole política, porque lamentablemente el Poder Judicial se ha visto muy atacado e inmerso en una disputa donde están expuestos”, dijo.
Senadores de Morena defienden cambios a la Ley de Amparo
Pese a lo dicho por especialistas, legisladores de Morena insisten que los cambios no son para afectar a los ciudadanos.
Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, puntualizó que no están afectando derechos ni están haciendo una regresión en las garantías. “Tampoco violentamos el principio de constitucionalidad”, dijo.
Durante la discusión del dictamen en el Pleno del Senado, Ricardo Monreal compartió su posicionamiento a favor e indicó que lo que realmente se pretende con la reforma es evitar el abuso de la ‘dictadura de la toga’ que genera una gran discrecionalidad en sus asuntos y vulnera el principio de legalidad.
“Los límites que ahora estamos estableciendo son precisamente para eliminar esa excesiva discreción de los jueces”, aseveró.
Con información de Animal Político
*MG
