Juzgado concede suspensión para la entrada en vigor de programa piloto de la SEP
Este lunes, el organismo Educación con Rumbo dio a conocer que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió suspender la entrada en vigor del Programa Piloto implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 960 escuelas públicas, esto por ser considerado inconstitucional y analizará la constitución del Modelo Educativo.
Dicho amparo fue radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el expediente 1457/2022. Por lo que, el abogado Miguel Ángel Ortiz, representante de Educación con Rumbo, indicó en un comunicado que el Programa Piloto, pues es inconstitucional al destacad dos modelos de educación: uno para 960 escuelas que no cumplen los estándares de calidad, no hay certeza de planes, programas y material educativo que servirán de base.
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Además, que los profesores no se hayan capacitado previamente, y otro para escuelas públicas y privadas, pues afirmó que no se justifica legal para que la dependencia implemente el Programa en escuelas públicas, por lo que el modelo se aplicará en niños de las 960 escuelas públicas es discriminatorio.
Asimismo, indicó que es un modelo “prueba-error”, “experimental” y por ser un programa que no garantiza la educación científica ni de calidad en condiciones de igualdad como los establece la Constitución, por lo que la suspensión concedida detiene la implementación del Programa Piloto y fue notificada el 30 de septiembre.
“La repercusión de la suspensión concedida radica en que la SEP deberá mantener el modelo educativo vigente en todas las escuelas, incluidas las 960 escuelas en las cuales implantaría un modelo educativo que no ha sido certificado ni avalado por el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación y en donde los maestros no han sido capacitados”, expuso.
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Por su parte, Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, señaló como una decisión valiente y sin precedentes del Poder Judicial que obliga a las autoridades a replantear la política educativa del país.
Lo anterior, luego de que a la luz de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales en favor de los menores y a garantizar la participación y aprobación de la sociedad civil tal y como lo establece el artículo 135 de las Ley General de Educación, sin embargo, el “nuevo modelo educativo” no sucedió.
Por último, indicó que el amparo concedido es un logro inédito y relevante de la Sociedad Civil para garantizar el interés superior de los niños de México, asegurando una educación en condiciones de igualdad, el cual está sustentado en el método científico y libre de contenidos ideológicos.
Con información de El Universal
*ARD
